Un éxito del 98,89% en la vía judicial representando a los perjudicados por la comercialización de productos bancarios.
El TJUE dictaminará si miles de accionistas tienen derecho a ser resarcidos por parte de Santander, su dueño actual, por la pérdida de su inversión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará en unos días una respuesta firme a los miles de accionistas y bonistas que llevaron a juicio a Santander tras perder toda su inversión en Popular en junio de 2017.
El TJUE dictaminará el 5 de mayo, casi cinco años después de la resolución, si tienen derecho o no a indemnización por haber invertido en un banco que hizo una ampliación de capital con un folleto que pudo contener datos inexactos o incompletos, según informes periciales que constan en la causa penal.
Santander ofreció en su día a los accionistas que perdieron toda su inversión con Popular que reinvirtieran el dinero en un bono similar a un CoCo a cambio de renunciar a acciones legales contra la entidad. El bono pagaba un cupón del 1% anual. De los 300.000 que perdieron su dinero (2.000 millones de euros por la amortización de los títulos y su cancelación posterior) se adhirieron alrededor de 100.000.
Muchos otros decidieron pleitear contra el banco en juzgados de toda España. "El 99% ha fallado a favor de los inversores que compraron acciones de Popular tras la ampliación de 2016 en juzgados de primera instancia y en muchas audiencias provinciales", según Pablo Rúa Sobrino, socio director de Rúa Abogados, que representa a unos 10.000 inversores.
La sentencia del TJUE afecta a los miles de recursos presentados ante audiencias provinciales o ante el Supremo y que todavía no tienen sentencia firme. El tribunal europeo, la última instancia judicial a la que acudir, está obligado a dictar doctrina en esta causa para dar respuesta a dos cuestiones prejudiciales presentadas en su día por la Audiencia Provincial de La Coruña.
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